«El Colegio de Periodistas de Tamaulipas» no es protección… es control disfrazado.

No lo pidió el gremio. No lo necesita el estado. No lo permite la Constitución.

El oficio del periodismo en Tamaulipas nunca ha sido fácil. En las últimas dos décadas, más de veinte comunicadores han sido asesinados en el estado. Muchos otros han sido amenazados, desplazados, desaparecidos forzosamente, o simplemente silenciados por el miedo. La respuesta del Estado, durante años, ha sido insuficiente: mecanismos de protección lentos, desfinanciados, burocráticos.

Ahora, el Congreso de Tamaulipas propone una «solución». No contra los asesinos de periodistas. No contra la impunidad que los protege. No contra el narcotráfico que controla territorios y silencia voces.

La «solución» es contra los periodistas mismos.

La iniciativa de 16 páginas, que me hicieron llegar anoche, tras señalar no haberla encontrado en los repositorios documentales del Congreso, esto, través de WhatsApp, la estimada colega periodista radicada en Ciudad Madero, Adela Hernández, documento que fuera leído con gran enjundia, el 6 de abril, por la diputada morenista Cynthia Lizbeth Jaime Castillo.

¿De dónde salió esta iniciativa? La diputada Jaime Castillo es novata, sin trayectoria en comunicación.

Sin embargo, presentó un documento técnico de 16 páginas, con estructura jurídica compleja, «modelos internacionales» citados, y transitorios precisos.

¿Quién lo redactó realmente?

Para crear el Colegio de Periodistas de Tamaulipas. Como un organismo con poder para emitir «Recomendaciones Éticas» y, en casos graves, «Extrañamientos Públicos»: declaraciones formales de desaprobación que, aunque nieguen ser sanciones, funcionan exactamente como tales. Quien es «extrañado» por su colegio no necesita que le prohiban trabajar: la sociedad, los medios, los anunciantes, lo harán por ellos.

La ironía es que esta iniciativa se presenta como «protección». Se envuelve en la retórica de la libertad de expresión para construir su opuesto. Se cita a «modelos internacionales» que, examinados, no existen: en ninguna democracia consolidada el Estado legisla para crear un colegio de periodistas. Surgen del gremio, o no surgen.

En Veracruz, donde ya existe un colegio estatal, el resultado es documentado: captura política, inoperancia, uso como herramienta contra críticos. La iniciativa de Tamaulipas no menciona estos fracasos. No aprende de ellos. Los repite.

El Colegio de Periodistas de Tamaulipas no es una respuesta a la violencia contra la prensa. Es una respuesta a la prensa que incomoda. Es un mecanismo de control simbólico, con respaldo legal, para ordenar el campo informativo en un estado donde el desorden criminal ya lo hace por otros medios.

No es casual que aparezca ahora, con mayoría de Morena en el Congreso y en el gobierno estatal. No es casual que use el lenguaje progresista de la «ética» y la «autorregulación» para construir heterorregulación estatal. El modelo se replica: Veracruz, ahora Tamaulipas, mañana otros estados donde la mayoría legislativa coincida con el ejecutivo.

El periodismo no necesita un colegio que lo juzgue. Necesita un Estado que lo proteja de quienes lo matan. Necesita fiscalías que investiguen agresiones. Necesita jueces que sancionen asesinos. Necesita, en Tamaulipas especialmente, que el gobierno deje de fallar en lo básico antes de pretender innovar en lo innecesario.

Este editorial es un llamado al Congreso de Tamaulipas: detengan esta iniciativa. Es un llamado a los periodistas del estado: organícense, sí, pero desde abajo, no desde un decreto. Es un llamado a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión: no legitimen con su silencio un mecanismo que contradice sus principios.

La prensa libre no se crea por ley. Se defiende con hechos. El primer hecho que necesita Tamaulipas es que esta iniciativa no se apruebe

Un mecanismo de «Extrañamiento Público» que estigmatiza sin prohibir
Ausencia total de consulta al gremio periodístico
Opacidad sobre asesoría externa y financiamiento
Precedente fallido en Veracruz que nadie menciona
Por qué importa:
Si se aprueba, Tamaulipas tendrá una herramienta legal para ordenar el discurso público. No contra la violencia criminal —contra la prensa que incomoda.